Las propuestas de la CEPAL para que LATAM prospere en la nueva era geopolítica

Rupturas y oportunidades, el documento presentado por la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, resume en su síntesis una idea central: el mundo cambió de reglas, y esa misma ruptura le da a América Latina y el Caribe activos que antes no valían tanto.

La lógica detrás de esa afirmación no es optimismo gratuito. La Comisión argumenta que la fragmentación del comercio, la carrera por asegurar minerales críticos y alimentos, y la competencia tecnológica entre potencias, elevaron el precio estratégico de justamente lo que la región tiene en abundancia: energía limpia, biodiversidad, alimentos, minerales y una población de más de 660 millones de personas. Lo que antes era una ventaja comparativa discreta, hoy es, según el informe, una pieza que varias potencias quieren asegurarse.

Pero el documento no se queda en el diagnóstico favorable. Reconoce, en el mismo movimiento, que la región arrastra tres trampas del desarrollo (bajo crecimiento, alta desigualdad, débil institucionalidad) que pueden convertir esa oportunidad en otra década perdida si no se traduce en políticas concretas. La Comisión es explícita: tener el activo no es tener la estrategia.

Esa tensión, entre un mundo que de pronto valora más lo que la región tiene y una región que históricamente ha tenido dificultades para capitalizar sus propios recursos, es el hilo que atraviesa las más de 400 páginas del informe, y también el que conecta sus cinco capítulos: rupturas globales, activos regionales, estrategias sectoriales, gobernanza y capacidad de agencia internacional.

Un diagnóstico que ya tenía número

Antes de proponer nada nuevo, la Comisión recicla un trabajo previo de la propia CEPAL que ya había desagregado las tres trampas del desarrollo (bajo crecimiento, alta desigualdad, débil institucionalidad) en diez brechas más concretas. No es una lista neutra: empieza por lo fiscal y termina en lo ambiental, y en el medio pasa por la desigualdad, la protección social, la migración intrarregional, la educación, la brecha digital y la desigualdad de género. Lo interesante no es tanto el contenido de cada brecha, bastante previsible para cualquiera que siga el debate regional, sino la insistencia del informe en que se refuerzan entre sí: un sistema educativo débil no solo limita la productividad, también reduce la movilidad social, y esa combinación erosiona la confianza en las instituciones que deberían resolver ambas cosas.

Frente a ese decálogo, la Comisión coloca un espejo de once transformaciones, una por cada brecha (más una transversal, la del fortalecimiento del Estado, que atraviesa a todas). La lógica de espejo es deliberada y, si se quiere, un poco fácil: a un problema nombrado le corresponde una solución nombrada. El valor real de ese ejercicio no está en la lista en sí, que cualquier economista de la región podría escribir de memoria, sino en que la Comisión la usa después como columna vertebral para todo lo que viene: cada categoría de activos que analiza en el capítulo III se justifica, tarde o temprano, como una vía posible hacia alguna de esas once transformaciones.

Alimentos: líder mundial con un punto ciego

En alimentación, el informe no tiene que esforzarse mucho para sonar optimista: la región exporta más comida de la que importa, y por un margen amplio. Brasil concentra, con enorme distancia, el mayor superávit comercial agroalimentario del mundo; Argentina, México, Ecuador y Chile completan un grupo de países que, juntos, sostienen buena parte de la seguridad alimentaria internacional. Pero el documento no se queda en esa cifra cómoda. A los pocos párrafos introduce una dependencia que rara vez aparece en el discurso sobre la región como “granero del mundo”: el 78% de los fertilizantes que usa América Latina y el Caribe viene de afuera, y Brasil, el mismo país que lidera las exportaciones de alimentos, concentra el 67% de esas importaciones. La región le vende comida al mundo con un insumo que, en gran medida, tiene que comprarle al mundo primero. Es el tipo de contradicción que el informe expone sin resolverla del todo, dejando la salida (producción local de bioinsumos, fertilizantes orgánicos) como una recomendación más que como un hecho consumado.

Biodiversidad: el activo que otros aprovechan mejor

Con la biodiversidad el informe introduce una tensión todavía más incómoda. La región alberga casi la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta, un dato que suele citarse como orgullo regional. Pero cuando el documento describe quién está sacando provecho económico de esa riqueza (la llamada innovación inspirada en la naturaleza, que va de nuevos materiales a fármacos), la respuesta es, sobre todo, un pequeño grupo de economías de altos ingresos del Norte Global, que trabajan con información genética y datos biológicos que originalmente vienen del Sur Global. El informe usa una palabra que rara vez aparece en documentos de este tipo: biopiratería. No es una acusación puntual contra ningún país, sino una descripción de un patrón estructural que la Comisión propone corregir fortaleciendo la gobernanza regional sobre el acceso a esos recursos genéticos y la forma en que se reparten sus beneficios.

Minerales y energía: de vender el recurso a vender el proceso

El capítulo repite, con distintas materias primas, la misma pregunta de fondo: ¿la región va a seguir exportando el recurso en bruto, o va a lograr quedarse con una parte del valor que ese recurso genera más adelante en la cadena? Con litio, cobre, níquel, cobalto, tierras raras, bauxita y grafito, la respuesta que ofrece la Comisión es que el margen de negociación depende de si los países logran instalar capacidad de procesamiento local, no solo de cuánta reserva tienen bajo tierra.

En energía, el argumento cambia de tono porque ahí la región ya tiene, según el propio informe, una ventaja que no es potencial sino actual. Las energías renovables representan casi el 70% de la generación eléctrica de América Latina y el Caribe, frente a apenas el 30% a nivel mundial, un contraste que el documento atribuye sobre todo a la matriz eléctrica regional, no al consumo total de energía (donde los combustibles fósiles todavía pesan más, aunque también menos que el promedio mundial). Detrás del promedio regional hay una variación considerable: Costa Rica, Paraguay y Uruguay generan casi toda su electricidad con fuentes renovables, y en Brasil la proporción ronda el 90%. Sobre esa base, la Comisión propone el concepto de “powershoring”: en lugar de que la región solo exporte electricidad limpia como materia prima conceptual, atraer hacia su territorio la manufactura y la industria digital que necesitan electricidad barata y limpia para operar.

Lo que no se puede sacar del suelo

Después de los recursos naturales, el informe cambia de registro y entra en un terreno más difícil de medir: los clústeres productivos, las industrias creativas, las redes de la diáspora, el talento humano. Aquí la Comisión hace una advertencia que vale para todo el capítulo anterior también, pero que solo formula explícitamente en este punto: ninguno de estos activos aparece de forma espontánea. Los clústeres competitivos que ya existen en la región (en sectores como el aeroespacial, el automotor o el turismo) no surgieron solos, sino de una coordinación sostenida entre empresas, Estado y centros de conocimiento, sostenida en el tiempo. Es una idea sencilla, casi obvia, pero que el informe repite con insistencia porque es, en el fondo, la advertencia que atraviesa todo el documento: tener el recurso no es tener la estrategia.

Una región que se integra poco con ella misma

Hay un dato en este capítulo que contrasta con el discurso oficial de casi todas las cumbres regionales de las últimas décadas: apenas el 14% del comercio de bienes de América Latina y el Caribe ocurre dentro de la propia región, una de las tasas más bajas del mundo. La integración regional lleva generaciones en la agenda política sin que ese número se mueva mucho. El informe no ofrece una explicación única, pero sí un orden de prioridades: primero resolver “el cómo” (los criterios institucionales para que la integración avance) y después “el qué” (las áreas concretas, como infraestructura conjunta o convergencia regulatoria, donde ese avance rendiría más). La transformación digital, la automatización del trabajo y la inclusión digital aparecen como el otro gran frente de esta sección, con una advertencia parecida a la de la biodiversidad: la tecnología no es neutra por defecto, y adoptarla sin estrategia propia puede profundizar la dependencia en lugar de reducirla.

Lo que solo se resuelve entre varios países

El último capítulo del informe vuelve sobre varios de los temas ya mencionados (minerales, biodiversidad, tecnología, clima) pero les cambia la pregunta: ya no es qué puede hacer cada país por separado, sino qué bienes públicos regionales solo tienen sentido si se gestionan entre varios a la vez. Con los minerales críticos, por ejemplo, el informe advierte que sin coordinación entre países productores el resultado suele ser el opuesto al deseado: regímenes regulatorios que compiten entre sí por atraer la misma inversión, proyectos duplicados y cadenas de valor que podrían haberse repartido de forma más eficiente. La Conferencia Anual de los Ministerios de Minería de las Américas, con la CEPAL como secretaría técnica desde 2025, aparece como el espacio institucional donde esa coordinación ya empezó a ensayarse.

Con los océanos, el informe propone concentrar la acción regional en cuatro frentes: la contaminación por plásticos, la sostenibilidad pesquera, la explotación minera en aguas profundas y el impacto del cambio climático sobre los ecosistemas marinos. En financiamiento, señala que la región ya cuenta con una arquitectura financiera propia (la CAF, el BCIE, el Banco de Desarrollo del Caribe, el FONPLATA y el Fondo Latinoamericano de Reservas) y plantea que ampliar y fortalecer esas instituciones, en particular el FLAR, mejoraría la capacidad de la región para responder a choques externos sin depender tanto del financiamiento extrarregional.

En inteligencia artificial, la propuesta es más normativa que financiera: acordar una línea de base regional común (con enfoque de riesgos, transparencia y mecanismos de reparación para quien resulte afectado por una decisión automatizada) que sirva de plataforma conjunta frente a los foros globales de gobernanza de la IA. En cambio climático, el informe repite un dato incómodo: en varios países de la región, las subvenciones a los combustibles fósiles igualan o superan el financiamiento climático total que reciben, y propone mecanismos como los canjes de deuda por naturaleza (ya probados en Belice y Ecuador) para revertir esa relación. Y en comercio, plantea aprovechar que 29 de los 33 países de la región ya tienen acuerdos con la Unión Europea para negociar un régimen de acumulación de origen que permita combinar insumos de ambas regiones en un mismo producto, una pieza técnica con un mensaje político de fondo: mostrar que un comercio basado en reglas y beneficios mutuos todavía es posible.

El freno que aparece en cada capítulo

Si hay un personaje recurrente en las más de 400 páginas del informe, ese es la gobernanza. Aparece como condición para aprovechar los alimentos, los minerales, la energía, el talento humano y la integración regional, y el capítulo IV le dedica un espacio propio para explicar por qué. El primero de los seis obstáculos que identifica es también el más medible: el espacio fiscal. La deuda pública de la región promedia el 51,4% del PIB en 2024, pero el número que de verdad cuenta una historia es otro. En 2012, los gobiernos de la región destinaban en promedio 1,7% del PIB al pago de intereses de esa deuda y 2,6% a inversión pública. Doce años después, esa relación se invirtió por completo: 2,9% a intereses, apenas 1,9% a inversión. No es una crisis puntual, es una tendencia de más de una década que se mueve en una sola dirección.

Los otros cinco obstáculos son menos numéricos pero no menos concretos: rigideces regulatorias que retrasan la inversión, sobre todo en sectores verdes y digitales; una polarización política que el informe describe, con cuidado, como algo distinto de la simple diferencia de opinión, una combinación de disputas ideológicas con antagonismos identitarios que hace más difícil sostener cualquier acuerdo más allá de un cambio de gobierno; una gobernanza fragmentada entre niveles y sectores del Estado; niveles bajos de confianza institucional, que se retroalimentan con el mal desempeño que los origina; y la delincuencia organizada, que el documento describe en una frase que vale la pena citar tal cual, porque no suaviza el diagnóstico: se ha convertido en “un elemento estructurador de la economía política” de varios países de la región.

Caminar entre dos potencias sin tener que elegir

El último capítulo cambia de escala: deja los sectores económicos y pasa a la política exterior. La Comisión organiza las opciones de la región en tres ámbitos que no ofrecen el mismo margen de maniobra. En seguridad, el margen es casi nulo, dada la posición histórica de Estados Unidos en el continente. En economía, el margen es amplio, porque los países pueden diversificar socios comerciales y de inversión con relativa libertad. En valores (democracia, derechos humanos, multilateralismo) la región enfrenta una tensión más incómoda, entre una tradición diplomática que reivindica esos principios y la presión, cada vez mayor, de sopesarlos frente a intereses nacionales concretos.

De esa combinación surge el concepto que el informe usa para resumir toda su propuesta de política exterior: el “no alineamiento activo”. No es evitar tomar partido por principio, sino construir coaliciones que cambian de socio según el tema en discusión, en lugar de atarse a un bloque fijo. Es, en el fondo, una apuesta por mantener las manos libres en un momento en el que Estados Unidos y China empujan, cada uno a su manera, en la dirección contraria.

Leído en conjunto, el informe deja un mensaje que se repite de capítulo en capítulo con distintas palabras: a la región no le falta diagnóstico ni le faltan propuestas técnicas. Lo que el propio documento identifica, una y otra vez, como el recurso más escaso, es la capacidad institucional y la voluntad política de sostener cualquiera de estas agendas más allá de un ciclo electoral.

Fuente: Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe (2026), Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica (LC/PUB.2026/10), Naciones Unidas.