Percepción versus la realidad del sistema de Justicia dominicano

Para muchos dominicanos, acudir a la justicia significa entrar en un terreno incierto. No saben cuánto costará, cuánto tardará ni si el resultado dependerá únicamente de los hechos y el derecho. Algunos desconfían porque creen que los poderosos juegan con ventajas. Otros porque han visto procesos interminables. Otros porque sospechan que la política influye donde no debería. Sea cual sea la razón, la consecuencia es siempre la misma: una brecha creciente entre la ciudadanía y el sistema llamado a proteger sus derechos.

Lo extraordinario de este momento es que esa brecha ha comenzado a medirse. El Reporte final del Marco de Indicadores de Justicia Centrada en las Personas, elaborado por el World Justice Project (WJP) para el Poder Judicial dominicano, con el respaldo del PNUD, la GIZ y Justice Action Coalition, propone por primera vez un sistema de indicadores que no pregunta cuántos casos resolvió el tribunal, sino qué vivió la persona que pasó por él. Leído junto al análisis institucional de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sobre 2025 y 2026, el resultado es un retrato incómodo: un sistema que mejora sus propias métricas y que, al mismo tiempo, carece de las herramientas para saber si esa mejora le llega al ciudadano.

Los cinco sentimientos que definen la relación entre el ciudadano y la justicia

Antes de los indicadores, antes de los informes, está la percepción. En República Dominicana, la relación entre el ciudadano y su sistema de justicia se estructura alrededor de cinco sentimientos que aparecen de manera recurrente en la conversación pública. Lo notable, y esto es lo que los informes confirman, es que ninguno de estos sentimientos es pura subjetividad. Todos tienen una contraparte en los datos.

01	Desconfianza	“No todos reciben el mismo trato. Los que tienen poder siempre encuentran una salida.”
02	Impotencia	“Aunque tenga razón, no puedo sostener un proceso tan largo y tan caro.”
03	Incertidumbre	“No sé qué va a pasar con mi caso ni cuándo va a terminar ni qué se supone que yo haga.”
04	Escepticismo	“La política mete la mano donde no debería. Los casos avanzan o se frenan según convenga.”
05	Distancia	“La justicia parece diseñada para abogados, no para ciudadanos como yo.”

Lo revelador es que ninguno de estos sentimientos es pura percepción subjetiva. Los propios organismos que estudian el sistema reconocen que existen obstáculos estructurales que los alimentan. El Marco de Indicadores del WJP es, en esencia, un intento de convertir esos cinco sentimientos en preguntas medibles. Sus siete categorías de resultados, resolución de problemas legales, percepción de justicia procedimental, confianza en el sistema, acceso a información, acceso a asistencia y asesoría, acceso a mecanismos de resolución de disputas y prevención, son, cada una, una forma de preguntarle al ciudadano si el sistema le respondió. No al expediente. A él.

Lo que mide el sistema vs. lo que siente el ciudadano

Aquí está el núcleo del problema. El sistema dominicano de justicia tiene indicadores. Muchos. Pero casi todos miden el funcionamiento del aparato institucional, no la experiencia de quien lo usa. El contraste, dimensión por dimensión, revela dónde está la fractura.

Lo que siente el ciudadano	Lo que mide el sistema
Resolución “Mi caso se cerró pero el problema sigue ahí. Nadie me explicó si gané o perdí realmente.”	Indicador existente Tasa de resolución de casos. Porcentaje de tribunales sin mora. Número de recursos de casación resueltos. El sistema registra el cierre del expediente, no si la persona considera su problema resuelto ni si el resultado le pareció justo.
Costo “Tuve que dejar de pagar otras cosas para poder sostener el proceso. No sé si valió la pena.”	Indicador existente Tasa de ejecución presupuestaria del Poder Judicial. Porcentaje de usuarios con representación pública gratuita. El sistema registra su propio gasto, no cuánto le costó al ciudadano acceder.
Tiempo “Llevo meses esperando una audiencia y nadie me dice nada. Cada vez que llamo me dicen que espere.”	Indicador existente Tiempos procesales promedio. Porcentaje de casos resueltos en el plazo legal. Porcentaje de tribunales que superaron la mora. Estos datos miden el reloj institucional. No capturan si la persona consideró que el proceso fue oportuno para evitar que su problema escalara.
Información “Nadie me explicó qué iba a pasar. Llegué al tribunal sin saber qué debía llevar ni qué tenía que decir.”	Indicador existente Existencia de herramientas de accesibilidad en los sitios web oficiales. Promedio mensual de consultas en JURITECA. El sistema registra si la información existe y cuántas veces se consulta. No si el ciudadano la encontró, la entendió y pudo usarla.
Trato “Me atendieron como si yo fuera el problema, no la persona que buscaba ayuda.”	Indicador existente Tasa de cumplimiento de protocolos de atención a usuarios. Porcentaje de funcionarios capacitados en ética e integridad. El sistema mide el cumplimiento del protocolo. No si el ciudadano se sintió tratado con respeto y dignidad.
Confianza “Uno no sabe si la decisión fue justa o si alguien influyó. Hay casos parecidos que terminan diferente.”	Indicador existente Porcentaje de recomendaciones de inspectoría aceptadas e implementadas. Porcentaje de procesos con certificación de calidad. El sistema mide sus mecanismos de control interno. No si el ciudadano percibe que los jueces actúan con independencia e integridad.
Acceso físico “El tribunal queda lejos y no tengo cómo ir. Y cuando llego, espero horas para que me atiendan cinco minutos.”	Indicador existente Número de centros de atención por cada 100,000 habitantes. Porcentaje de edificios con instalaciones accesibles para personas con discapacidad. El sistema cuenta sus instalaciones. No mide cuánto tiempo le toma al ciudadano llegar a ellas ni si las pudo usar efectivamente.

Esta no es una crítica cosmética. Es un problema de diseño institucional con consecuencias reales. Cuando las reformas se evalúan con indicadores que no capturan la experiencia ciudadana, es posible que el sistema mejore sus propias métricas y siga fallándole a la gente. Y no lo sabría.

Los indicadores que el sistema necesita y no tiene

El Marco del WJP propone más de cien indicadores organizados en cuatro fuentes: encuestas a usuarios del Poder Judicial, encuestas en hogares, encuestas de necesidades de justicia y registros institucionales. La diferencia con lo existente no es técnica, es de perspectiva. Los indicadores propuestos preguntan desde el ciudadano, no desde la institución. Algunos ejemplos de lo que el sistema dominicano todavía no mide y debería:

Categoría 1 — Resolución ¿La persona considera su problema resuelto? No si el expediente fue cerrado. Si el ciudadano que pasó por el proceso considera que el resultado fue justo, accesible y oportuno, y si resolvió el problema de fondo. Un caso puede cerrarse y el problema seguir igual.	Categoría 2 — Proceso ¿Pudo expresar su versión de los hechos? Porcentaje de usuarios que consideran haber tenido suficiente oportunidad de ser escuchados. Porcentaje que pudo levantar una queja formal. Estos indicadores miden la justicia procedimental desde adentro de la experiencia, no desde los protocolos.
Categoría 3 — Confianza ¿Confía en que los jueces actúan sin presiones? Porcentaje de la población que percibe a los jueces como independientes. Porcentaje que confía en la integridad de los funcionarios. Porcentaje que reportó haber experimentado un acto de corrupción. Estas preguntas capturan la dimensión de legitimidad que los indicadores de gestión interna no tocan.	Categoría 4 — Información ¿La información que recibió era comprensible? No si el sitio web tiene herramientas de accesibilidad. Si el ciudadano consideró que la información recibida era fácil de entender y definía claramente los pasos a seguir. Disponibilidad técnica e inteligibilidad real son dos cosas muy distintas.
Categoría 5 — Costo real ¿Incurrió en dificultades financieras para acceder? Costo promedio de un caso para las partes. Porcentaje que considera haber resuelto su problema sin dificultades financieras. Porcentaje que no accedió a asistencia legal por su costo. Estos datos revelan quién queda fuera del sistema por razones económicas.	Categoría 6 — Prevención ¿El proceso le generó otros problemas? Porcentaje de usuarios que reportan consecuencias adversas en su salud, economía o relaciones personales. Porcentaje que enfrentó al menos otro problema legal durante el proceso. La justicia que no previene el daño colateral no es justicia completa.

Ninguno de estos indicadores existe hoy de manera sistemática en el Poder Judicial dominicano. El WJP propone generarlos mediante dos instrumentos que tampoco existen: una encuesta nacional de necesidades de justicia y una encuesta de experiencia de usuarios de cortes y tribunales aplicada a una muestra representativa. Sin ellas, el sistema puede mejorar su espejo interno indefinidamente sin saber qué refleja para quien lo mira desde afuera.

80% de tribunales sin mora en dic. 2025 (indicador del sistema)

0 encuestas nacionales de experiencia de usuarios en cortes (indicador ciudadano disponible)

100+ indicadores ciudadanos propuestos por el WJP que el sistema aún no produce

7 dimensiones de resultado centradas en la persona que el marco OCDE/WJP exige medir

La dimensión que los indicadores no alcanzan: legitimidad y percepción de parcialidad

Hay una dimensión que los indicadores pueden aproximar pero no resolver por sí solos: la percepción de que el sistema no aplica la ley de la misma manera para todos. Esta percepción opera con independencia de la evidencia concreta en casos específicos y erosiona la confianza institucional incluso cuando los indicadores de gestión mejoran.

En la República Dominicana, como en buena parte de América Latina, se manifiesta en tres narrativas persistentes. La primera es la de los privilegios para los poderosos: la idea de que personas con influencia económica o política obtienen resultados favorables con mayor facilidad. La segunda es la de la instrumentalización política de la justicia: la sospecha de que algunas investigaciones o procesos reciben mayor atención según el contexto político del momento. La tercera es la imprevisibilidad de los fallos: cuando ciudadanos observan decisiones que perciben como contradictorias en casos similares, la seguridad jurídica se debilita, no porque haya evidencia de irregularidad, sino porque el resultado parece impredecible.

FINJUS lo reconoce con precisión cuando, al abordar el proceso de selección de magistrados de la Suprema Corte, advierte que “subsisten debilidades vinculadas a la discrecionalidad, la insuficiente motivación pública y la percepción de influencia de intereses coyunturales.” No como acusación, sino como diagnóstico. Y como desafío para el proceso de evaluación de siete magistrados que deberá completarse en 2026.

El WJP incluye indicadores específicos para medir esta dimensión: porcentaje de usuarios que evalúan positivamente la independencia de los jueces, porcentaje que confía en que los funcionarios actúan con integridad, porcentaje que reporta haber experimentado un acto de corrupción durante su proceso. Son preguntas incómodas. Pero la incomodidad de medirlas es menor que el costo de ignorarlas.

Lo que se ha logrado y por qué no alcanza

El cuadro no es de colapso. FINJUS reconoce avances concretos y significativos durante 2025: la reducción de la mora judicial, el 80% de los tribunales la superaron frente al 30% a inicio del año anterior; la inauguración de la Ciudad Judicial de Santo Domingo que beneficia a más de 2.9 millones de personas; la implementación de la ley de medios digitales en procesos judiciales; y el mayor activismo del Ministerio Público en casos de corrupción administrativa. La elaboración del Plan Estratégico del Ministerio Público 2025-2029, con énfasis en justicia de proximidad y basada en evidencia, apunta en la dirección correcta. El lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial es, potencialmente, el instrumento de mayor impacto si se alimenta con datos ciudadanos.

Pero el WJP identifica el talón de Aquiles de todos estos avances: son mejoras del sistema sobre sí mismo. La mora se redujo, el expediente fluye mejor. La Ciudad Judicial se inauguró, el acceso físico mejoró en Santo Domingo. La ley digital se implementó, el trámite se puede hacer en línea. Lo que no se sabe, porque no se mide, es si el ciudadano percibe resolución justa, si confía más en las instituciones, si accedió a información comprensible, si el proceso le pareció equitativo, si tuvo consecuencias adversas en su vida por el tiempo que tomó.

Agenda de transformación: lo que no puede esperar

La trampa del optimismo institucional

Hay un riesgo real en este momento: confundir los avances con la solución. La reducción de la mora, la Ciudad Judicial, el nuevo Código Penal, la creación del Ministerio de Justicia, son logros reales que merecen reconocimiento. Pero pueden alimentar un optimismo institucional que desvíe la atención de lo que sigue roto.

El ciudadano que no puede pagar un abogado, que vive a tres horas del tribunal más cercano, que no entiende el lenguaje de los documentos que firma, que tiene miedo de denunciar porque desconfía de la policía, que lleva dos años esperando una audiencia. Ese ciudadano no experimenta los avances institucionales. Experimenta la distancia entre lo que el sistema dice ser y lo que realmente le ofrece a él.

Los indicadores que propone el WJP son el puente entre esas dos realidades. No porque los números resuelvan la desconfianza, sino porque obligan al sistema a hacerse la pregunta correcta. No cuántos casos resolvió. Sino si la persona que llegó buscando justicia siente que la encontró.

Si tuviera que resumirse en una frase el sentimiento predominante de los dominicanos hacia su sistema de justicia, sería esta: la gente reconoce que la justicia ha mejorado, pero todavía no siente que sea plenamente accesible, rápida ni igual para todos. Esa distancia, entre lo que el sistema logra medir y lo que la gente vive, es el diagnóstico más honesto disponible hoy. Y resolverla no requiere más leyes. Requiere decidir que el criterio de éxito de cada reforma sea la experiencia del ciudadano que llega buscando justicia, y no la del sistema que decide cómo administrarla.

Fuentes:
World Justice Project (WJP). Marco de Indicadores de Justicia Centrada en las Personas del Poder Judicial de República Dominicana. Reporte final. Elaborado en colaboración con el Poder Judicial de la República Dominicana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Justice Action Coalition (JAC) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS). Análisis sobre la institucionalidad y la justicia en 2025 y desafíos para 2026.