Cambio climático en RD: la habitabilidad que se evapora

Cuando el Huracán Fiona golpeó la isla en septiembre de 2022, miles de dominicanos en el Cibao y el suroeste vieron sus casas inundadas, sus cosechas destruidas y sus caminos borrados del mapa. Fue una tormenta de categoría 1. No un monstruo categoría 5. Y sin embargo bastó para recordarnos algo que los datos llevan años señalando: República Dominicana es uno de los países más expuestos del mundo a la crisis climática, y seguimos tratando el asunto como si fuera una preocupación de otros.

Lo que está en juego no es solo la naturaleza. Es la economía, la salud pública, la seguridad alimentaria y la cohesión social de una nación de más de once millones de personas. Lo que los números revelan es alarmante.

Huracanes: el enemigo que se fortalece

La ubicación del país en el Caribe siempre lo ha colocado en la trayectoria de los ciclones. Pero el cambio climático está alterando las reglas del juego. Las temperaturas récord de la superficie del mar, que desde abril de 2023 han superado cualquier registro previo durante más de quince meses consecutivos según Climate Central, están alimentando huracanes más fuertes y con una capacidad de intensificación mucho más veloz.

El huracán Beryl, en julio de 2024, se intensificó 55 nudos en solo 24 horas, la aceleración más rápida jamás registrada antes del 1 de julio en el Atlántico. Milton, en octubre del mismo año, pasó de depresión tropical a categoría 5 en tiempo récord, alcanzando vientos de 290 km/h. La temporada de 2024 terminó siendo una de las más activas de la historia reciente, con dos huracanes de categoría 5.

Para República Dominicana, esto no es estadística lejana. Cada temporada ciclónica trae consigo la posibilidad de una catástrofe económica. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el país pierde el equivalente a un 2.2% de su PIB anual como consecuencia de desastres socionaturales, y esa cifra no incluye el costo de la reconstrucción diferida ni el daño acumulado sobre los hogares más pobres, que según análisis del Banco Mundial recortan su gasto en alimentación, salud y educación tras cada evento extremo.

El mar sube. Las playas se encogen. El turismo tiembla.

Un estudio del Banco Mundial identificó a Santo Domingo entre las cinco ciudades del mundo que podrían verse más afectadas por el aumento del nivel del mar hacia 2050, junto a Alejandría, Barranquilla, Nápoles y Sapporo. No es una coincidencia ni una exageración: la capital dominicana tiene barrios costeros de baja elevación, infraestructura antigua y un sistema de drenaje que ya colapsa con lluvias ordinarias.

Las proyecciones científicas son precisas y preocupantes. Según investigaciones publicadas en ResearchGate sobre el Caribe oriental, para 2050 el nivel del mar en la región podría estar 40 centímetros por encima del nivel de referencia de 1980. Informes de Naciones Unidas advierten que esa cifra podría superar el metro para finales de este siglo si no se reducen emisiones de manera drástica.

Lo que eso significa para Punta Cana, Samaná, Bayahíbe y Puerto Plata, el corazón de la industria turística nacional, es devastador en el escenario más pesimista: playas que retroceden, arrecifes blanqueados por el calentamiento marino, hoteles vulnerables a inundaciones más frecuentes. El turismo representa alrededor del 8% del PIB dominicano. No es un sector que el país pueda perder sin consecuencias sistémicas.

1.6 millones de personas en la línea de fuego

El cambio climático no afecta a todos igual. En República Dominicana, el 25% de la población en mayor riesgo social y económico, según el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos elaborado por el SIUBEN, vive en alto riesgo de afectación por eventos extremos. Son aproximadamente 1.6 millones de personas. De ellas, más de 606,000 son niños, niñas y adolescentes.

La encuesta nacional ENHOGAR 2024 reveló que el 20.5% de los hogares dominicanos reportaron haber sido afectados por calor excesivo en los últimos doce meses. Más significativo aún: el 52.1% de las familias expresaron mayor preocupación por los riesgos de fenómenos naturales que el año anterior. El miedo es real, y está creciendo.

¿Qué debe hacer el Estado? Del discurso a la arquitectura

República Dominicana ha dado pasos formales. En noviembre de 2024, aprobó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) comprometiendo una reducción del 27% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. En marzo de 2025, el Ministerio de Economía presentó, con apoyo del BID, el Plan de Inversión para la Acción Climática. Son señales positivas. Pero la brecha entre el compromiso en papel y la ejecución en el territorio sigue siendo enorme.

El Banco Mundial estima que medidas ambiciosas de adaptación y resiliencia podrían reducir los impactos económicos del cambio climático hasta en un 60% hacia 2050. El costo de actuar hoy es, en todos los escenarios analizados, significativamente menor que el costo de reaccionar tarde.

Lo que necesita el país no son más diagnósticos. Necesita ejecución. Eso implica, entre otras cosas: un plan nacional de resiliencia climática con metas vinculantes y presupuesto garantizado; protección activa de cuencas hidrográficas y reforestación masiva; aceleración real de la transición energética, considerando que el país tiene condiciones favorables para la energía solar y eólica que permanecen subutilizadas; modernización del drenaje urbano en las ciudades más expuestas; y protección legal efectiva de arrecifes y manglares, que funcionan como barreras naturales contra tormentas e inundaciones.

Para 2050, más de doce millones de dominicanos vivirán en asentamientos urbanos. En esas áreas urbanas se concentra el mayor porcentaje de viviendas vulnerables a fenómenos naturales. El país que construyamos en las próximas décadas determinará cuánto daño podremos absorber y cuánto no.

El cambio climático no espera ciclos electorales ni presupuestos convenientes. Cada temporada ciclónica, cada sequía, cada litro de agua que el mar avanza sobre la costa dominicana, es un recordatorio de que la inacción también tiene un costo. Y ese costo lo pagan, primero y con mayor dureza, quienes menos tienen. Convertir esto en prioridad nacional no es ambientalismo. Es sentido de Estado.