Campos dominicanos desolados

Dossier

Una investigación de campo en Dajabón, contrastada con datos oficiales de ONE, MEPyD y el Banco Central, muestra por qué el asfalto y los subsidios no alcanzan para retener a los jóvenes en el campo dominicano.

Cada año, cerca de nueve de cada mil habitantes de las provincias fronterizas dominicanas empaca lo que puede y se va. No a otro país necesariamente: a Santiago, al Distrito Nacional, a Santo Domingo Este. Se van, sobre todo, los jóvenes. Y casi nunca vuelven. Una investigación que combina 500 encuestas en Elías Piña, San Juan y Bahoruco con doce entrevistas a profundidad en Dajabón, y que aplica un modelo estadístico de regresión logística para aislar qué variables pesan más en la decisión de emigrar, ofrece una respuesta incómoda: las políticas de desarrollo rural ejecutadas entre 2016 y 2026 alivian la pobreza inmediata, pero no tocan las razones de fondo por las que un joven de 22 años decide no quedarse.

El estudio, de tipo exploratorio-descriptivo y enfoque mixto, parte de una pregunta directa: ¿en qué medida las políticas públicas de desarrollo rural han logrado mitigar los factores que empujan a las comunidades agrícolas a irse? La respuesta, sostenida con un modelo Logit y validada con un coeficiente de confiabilidad (Alfa de Cronbach) de 0.84, es que no lo suficiente.

Cuatro razones para irse

Las entrevistas semiestructuradas realizadas en Dajabón identifican cuatro factores causales que se repiten en el discurso de quienes se van y de quienes se quedan viendo partir a sus hijos:

Lo que dice el modelo

Para ir más allá de la percepción, el estudio corre un modelo de regresión logística binaria sobre los datos de las 500 encuestas, con la intención de migrar en los próximos doce meses como variable dependiente. Tres hallazgos destacan.

Primero, los subsidios agrícolas y las transferencias monetarias muestran una relación con el alivio de la pobreza extrema, pero no logran una fuerza estadística suficiente para explicar por qué alguien decide quedarse. Segundo, la distancia al centro de educación técnica o superior más cercano es la variable con mayor correlación con la probabilidad de migrar, lo que el estudio interpreta como evidencia de que la centralización educativa es, en la práctica, una política de expulsión. Tercero, y en apariencia contraintuitivo: la mejora del estado de las vías vecinales, cuando no viene acompañada de centros de acopio o encadenamientos productivos, funciona como facilitador de la salida antes que como freno.

Dajabón, la frontera que envejece

El caso de Dajabón funciona en la investigación como lupa de un fenómeno nacional. La provincia, con menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado en sus secciones rurales, registra un rezago educativo de 9.1 años de escolaridad promedio frente a los 10.9 años del país. Entre el censo de 2010 y el más reciente, la población de 0 a 15 años cayó de 35.1% a 29.6%, mientras que el segmento de más de 66 años subió de 7.3% a 9.6%: menos niños, más adultos mayores, la fotografía típica de un territorio que pierde su relevo generacional.

El estudio documenta además un fenómeno de sustitución laboral en las labores agrícolas de la zona fronteriza, donde la salida de familias dominicanas coincide con una fuerza de trabajo agrícola cubierta mayoritariamente por mano de obra de origen haitiano, en un contexto de más de 90% de los empleos locales por debajo de los RD$35,000 mensuales.

El estudio identifica también una apuesta en marcha: la ampliación del Puerto de Manzanillo, en Montecristi, y su extensión terrestre en el Puerto Seco de Dajabón, que junto a los incentivos fiscales de la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo condicionan las exenciones de treinta años a planes de compromiso social con contratación local. La investigación proyecta cerca de 88,000 nuevas plazas de empleo en la zona fronteriza hacia 2033, aunque advierte que el resultado dependerá de si esos empleos logran fijar población o solo desplazan el punto de salida del campo hacia el puerto.

La pobreza no desaparece, cambia de dirección

El estudio sitúa el caso dominicano dentro de una tendencia regional: según cifras de CEPAL y el Banco Mundial citadas en la investigación, para 2050 hasta un 94% de la población latinoamericana podría vivir en ciudades. En América Latina, la pobreza urbana pasó de 66% en 2000 a 73% en 2022, y la pobreza extrema urbana subió de 45% a 68% en el mismo periodo. La migración, concluye el estudio, dejó de ser garantía de salida de la pobreza: en muchos casos, simplemente la traslada de escenario.

En República Dominicana, la pobreza rural (18.8%) supera todavía a la urbana (14.8%), lo que sostiene el incentivo a migrar. Pero el estudio advierte que ese diferencial no debe leerse como éxito de la política urbana, sino como el síntoma de un modelo de desarrollo que sigue concentrando servicios de calidad en dos ciudades.

Qué proponen los investigadores

El estudio cierra con cinco recomendaciones de política dirigidas a los tomadores de decisión:

La conclusión de fondo del estudio es que el problema no es la ausencia de política pública, sino su fragmentación: Agricultura, Educación Superior y los gobiernos locales diseñan y ejecutan por separado, sin una estrategia territorial común. Mientras eso no cambie, sostiene la investigación, seguirá siendo racional para un joven del campo dominicano hacer la maleta.

Este artículo resume los hallazgos de la investigación original del autor, con datos de ONE, MEPyD, Banco Central de la República Dominicana, CEPAL y Banco Mundial.