A un escalón de la pobreza: la crisis del empleo formal en América Latina

El empleo formal representa uno de los pilares del desarrollo económico y el bienestar social de cualquier nación: ingresos estables, seguridad social, pensiones, salud, protección frente a riesgos laborales. Pero en 2026, esa promesa se ha roto para buena parte de América Latina. Con la desaceleración económica mundial, la inflación persistente, la automatización y el crecimiento del trabajo por plataformas digitales, la región enfrenta una crisis del empleo formal caracterizada por más informalidad, más precarización y sistemas de protección social cada vez más débiles.

La brecha, según los especialistas consultados, ya no es principalmente conseguir un empleo. Es conseguir uno bueno.

Un salario para vivir, o para sobrevivir

Gerson Martínez, especialista en Economía Laboral de la OIT para América Latina, lo resume sin rodeos: hoy tener un trabajo ya no garantiza no vivir en la pobreza. Una médica recién graduada en Argentina, o un psicólogo con tres años de experiencia en Colombia, gana en promedio entre 400 y 500 dólares al mes. En Perú, según la periodista de DW Latinoamérica Mariana Gálvez Vásquez, el panorama es similar o peor: al restar del salario mínimo el alquiler, la luz, internet y transporte, a un profesional le quedan apenas unos 4 dólares diarios para comida, ropa y otras necesidades básicas.

La CEPAL mide esta brecha comparando el salario mínimo con el costo de la canasta básica total, es decir, no solo alimentos, sino todos los gastos esenciales para vivir con dignidad: transporte, vivienda, vestimenta. Si un hogar no puede cubrirla, está por debajo de la línea de pobreza. Los datos de junio de 2026, convertidos a dólares, muestran un margen ajustado en toda la región:

En República Dominicana, el costo promedio de la canasta básica familiar (un hogar de cinco personas) ronda los RD$49,268 mensuales, según el Banco Central, dividido entre alimentación y nutrición, y bienes y servicios no alimentarios.

David Scott Kaplan, especialista sénior en mercados laborales del BID en Washington D.C., lo plantea así: la brecha más importante en la región no es tener un empleo, sino tener uno bueno. El reto, dice, es que muchas economías latinoamericanas no generan suficientes empresas y puestos formales, productivos y bien remunerados, por lo que millones de trabajadores terminan en ocupaciones informales de baja productividad.

Lo que significa un trabajo digno

Según Ana Paulina González Arrollo, investigadora de la organización mexicana Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, un trabajo digno es aquel sin precariedad: ingreso suficiente, seguridad social, contrato estable, y sin la amenaza constante de un despido sin causa. La Asociación Civil Mexicana Acción Frente a la Pobreza va más allá: un salario digno debe alcanzar para cubrir al menos dos canastas básicas. Quien gana menos de ese umbral, sostiene la organización, tiene un sueldo de pobreza.

La informalidad, explica Gerson Martínez, suele ser la puerta de entrada al mundo laboral cuando el empleo formal decente escasea o es difícil de alcanzar. En Perú, 7 de cada 10 trabajadores están en la economía informal; entre los jóvenes de 18 a 24 años, la tasa se dispara a casi 85%, según el INEI y la OIT. En Argentina, pese a tener uno de los índices de capital humano más altos de la región, la crisis inflacionaria crónica ha erosionado el valor del empleo calificado: 4 de cada 10 adultos trabajan en la informalidad, cifra que sube a 6 de cada 10 entre los menores de 25 años, según el INDEC y la OIT.

La brecha se agudiza por género. En México, 4.4 millones de jóvenes están fuera del sistema escolar y del mercado laboral (los llamados “nini”), y el 80% son mujeres. No es, según González Arrollo, porque no quieran trabajar o estudiar, sino porque el cuidado del hogar, de menores o de personas enfermas recae sobre ellas como trabajo no remunerado e invisible.

Tampoco el título universitario ofrece ya la protección que ofrecía antes. David Scott Kaplan lo llama la paradoja de la región: América Latina tiene la generación más formada académicamente de su historia, pero no genera suficientes empleos productivos para aprovechar ese talento. El resultado es un fenómeno cada vez más común: el profesional empobrecido.

Pobreza más allá del ingreso

De acuerdo con Manú Pérez López, investigadora laboral en Colombia, salir de la pobreza en la región puede tomar hasta once generaciones. Una sola vida de trabajo no alcanza. Pero incluso alcanzar el salario mínimo no equivale a estar a salvo, según el enfoque de pobreza multidimensional que aplica la CEPAL: si en el barrio no hay agua potable, si el hospital más cercano queda a dos horas, o si hubo que abandonar la universidad para trabajar, la persona puede seguir siendo pobre aunque sus ingresos superen la línea oficial.

La pobreza multidimensional es más alta en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador) y más baja en Chile, Uruguay y Costa Rica. Uno de cada tres latinoamericanos en situación de pobreza tiene menos de 18 años, una proporción que no ha cambiado en la última década, según el Banco Mundial. La clase media, mientras tanto, creció de 35% en 2016 a 42% en 2024 en la región, liderada por Uruguay (74%) y Chile (67%). Pero un 32% de la población seguía en 2025 en la franja de vulnerabilidad, es decir, ya salió de la pobreza pero no llegó a la clase media, y sigue a un imprevisto de volver a caer.

Lo que proponen los expertos

Ninguno de los especialistas consultados propone una solución única. David Scott Kaplan advierte que subir el salario mínimo de golpe, por encima de lo que justifica la productividad, puede producir el efecto contrario: más informalidad, no menos, porque las empresas simplemente dejan de contratar de forma legal. Costa Rica, señala Gerson Martínez, ha resuelto parte de ese dilema ajustando los salarios mínimos con una estimación de la inflación futura, en lugar de reaccionar después de que el dinero ya perdió valor.

Otra vía, según Kaplan, es abaratar la formalización misma: rediseñar los sistemas de seguridad social para que una parte sea universal y financiada con impuestos generales, no solo con contribuciones a la nómina, de modo que contratar formalmente deje de ser una carga y se convierta en la opción lógica para las empresas.

González Arrollo insiste en que el Estado no puede delegar toda la responsabilidad en el sector privado: hacen falta incentivos concretos para que las empresas adopten salarios dignos de forma voluntaria, como ya ocurre en algunas experiencias mexicanas. Y la Dra. Christiane Molina, del Tecnológico de Monterrey, subraya que sin mejoras en productividad no habrá crecimiento sostenido, y sin ese crecimiento no habrá empleo suficiente para las nuevas generaciones que se están formando.