Más de 150 años de una relación que siempre ha oscilado entre la tutela y la conveniencia.
Hay pocas relaciones bilaterales en el Caribe tan antiguas, tan complejas y tan determinantes para el destino de un país como la que mantienen la República Dominicana y Estados Unidos. Su prehistoria se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el presidente Buenaventura Báez intentó en repetidas ocasiones atar el futuro dominicano al poderío norteamericano: primero buscando la anexión completa, luego negociando el arrendamiento de la Bahía de Samaná. En 1870, el presidente Ulysses Grant presentó ante el Senado un tratado de anexión pactado con Báez, pero fue derrotado por la oposición del senador Charles Sumner. Washington dijo que no.
La formalización llegaría bajo otro hombre fuerte. Fue durante el gobierno de Ulises Heureaux —Lilís— cuando ambos países establecieron relaciones diplomáticas plenas, en 1884. Pragmático y autoritario, Lilís necesitaba respaldo externo para consolidar su poder, y el acercamiento a Washington era parte de esa ecuación. Diez años después, en 1894, nombraría como primer embajador dominicano en Estados Unidos a Alejandro Woss y Gil, su propio rival político, quien había sido presidente en 1885. Una elección que decía mucho sobre cómo se administraban las tensiones del poder en aquella República.
Desde entonces, esa relación ha tenido de todo: intervención armada, condicionamiento financiero, respaldo a dictaduras, presión democrática y, en el ciclo más reciente, una alianza estratégica reconfigurada alrededor de la seguridad regional y la tecnología. Lo que nunca ha tenido es indiferencia mutua.
El peso de la historia: de la intervención al DR-CAFTA
El capítulo más oscuro llegó en 1916, cuando Washington invadió militarmente el país e instaló un régimen de ocupación que duró ocho años. No fue un hecho aislado: respondía a la lógica de control geopolítico sobre el Caribe que dominó la política exterior norteamericana durante la primera mitad del siglo XX, reforzada por el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe. Esa ocupación dejó huellas institucionales profundas en la Guardia Nacional, en la deuda pública, en la infraestructura; y también, dejó semillas de resentimiento que sobrevivirían décadas.
La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la ambigüedad. Washington toleró la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que llegó al poder precisamente como producto de la Guardia Nacional creada durante la ocupación, y solo se distanció cuando el régimen se volvió políticamente insostenible. En 1965, Estados Unidos volvió a intervenir militarmente, esta vez para impedir lo que la administración Johnson percibía como una amenaza comunista tras el levantamiento constitucionalista. Fue la segunda ocupación en menos de cincuenta años.
La transición democrática de los años setenta y ochenta fue gradual, y en ella Washington jugó un papel de árbitro discreto. La relación se normalizó y se volvió progresivamente más comercial. El hito más significativo de esa reorientación fue la firma del DR-CAFTA en 2003, el tratado de libre comercio que vinculó a República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica, consolidando a Washington como el principal destino de las exportaciones dominicanas y el mayor inversor extranjero en el país.
Cifra clave
66%
De los dominicanos aprobaba el liderazgo de Estados Unidos durante el último año del primer mandato Trump, según Gallup (2020) —la tasa más alta del mundo, cuando la mediana global apenas alcanzaba el 22%. Una adhesión que trasciende administraciones.
Esa fidelidad tiene respaldo empírico. Durante el último año del primer mandato de Donald Trump, cuando la aprobación global del liderazgo estadounidense se desplomó a una mediana de apenas 22%, República Dominicana encabezó la lista mundial: el 66% de los dominicanos aprobaba ese liderazgo, la tasa más alta entre los más de 60 países encuestados por Gallup. El dato no es anecdótico, revela una adhesión cultural y estratégica que trasciende administraciones y que explica, en parte, por qué Washington trata a Santo Domingo como un aliado predecible en una región que ya no lo es tanto.
Los embajadores: quiénes han representado a cada nación
La lista de representantes dominicanos en Washington ha incluido desde entonces figuras de perfiles muy distintos: políticos, juristas, académicos y diplomáticos de carrera. Entre los momentos más inusuales figura el de 1944, cuando Flor de Oro Trujillo, hija del dictador, fue nombrada ministra consejera en Washington, convirtiendo la embajada en un instrumento de la narrativa trujillista ante el gobierno norteamericano. La sede actual en el 1715 de 22nd Street, NW, fue adquirida en enero de 1957. La embajadora dominicana actual, desde abril de 2025, es la Dra. María Isabel Castillo Báez, abogada de propiedad intelectual con más de veinte años de carrera diplomática (quien, además, es nieta de Miguel Ángel Báez, uno de los héroes del 30 de mayo).
Del lado estadounidense, el cargo de embajador en Santo Domingo ha sido históricamente sensible. En épocas de crisis —1962 a 1964, bajo Kennedy— Washington enviaba figuras de alto perfil político, como el periodista y diplomático John Bartlow Martin. En el ciclo reciente, el puesto estuvo vacante durante casi cinco años tras la salida de Robin Bernstein en 2021; durante ese período la embajada operó bajo encargadas de negocios. Fue Donald Trump quien puso fin al vacío: nominó a Leah Francis Campos en diciembre de 2024, el Senado la confirmó el 7 de octubre de 2025, y el 19 de noviembre presentó sus cartas credenciales ante el presidente Abinader. Exoficial de operaciones de la CIA con más de diez años de trabajo en América Latina y Europa, Campos se convierte en la tercera mujer en liderar la diplomacia estadounidense en territorio dominicano.
El giro estratégico: de la democracia a la seguridad y los chips
El 6 de febrero de 2025, Marco Rubio aterrizó en Las Américas como última escala de su primera gira internacional al frente de la diplomacia estadounidense. Que Santo Domingo fuera el destino final —después de Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala— no era un detalle menor. Rubio, el primer secretario de Estado de origen latino en la historia de Estados Unidos, estaba trazando el mapa de las prioridades hemisféricas de la nueva administración Trump, y República Dominicana aparecía como pieza central.
“En materia de seguridad, República Dominicana ha demostrado ser un aliado estratégico en la región.”
Luis Abinader, Palacio Nacional, febrero 2025
La agenda del encuentro entre Rubio y el presidente Luis Abinader fue reveladora de ese nuevo enfoque. Los temas dominantes no fueron democracia ni derechos humanos —los ejes que habían marcado la retórica bilateral durante la era Biden— sino seguridad fronteriza, narcotráfico, crimen organizado y la crisis haitiana. Washington refrendó explícitamente el control migratorio dominicano: Rubio fue categórico al señalar que no se le puede exigir al país que absorba una ola masiva de migración irregular, en una clara validación de la política de mano dura fronteriza que lleva adelante el gobierno dominicano. Ambas partes acordaron reactivar y ampliar programas conjuntos de seguridad y cooperación interagencial.
Pero el giro no se agota en la seguridad. Hay una segunda dimensión, más nueva y potencialmente más transformadora: la económico-tecnológica. En noviembre de 2025, Abinader viajó a San José, California, para participar en la reunión anual de la Semiconductor Industry Association (SIA), la organización más influyente del sector en Estados Unidos. La invitación no fue un gesto protocolar: la SIA reconoció públicamente que República Dominicana había desarrollado esfuerzos y acciones concretas para construir un ecosistema confiable de manufactura de componentes electrónicos, en el marco del Decreto 324-24 que declaró a los semiconductores prioridad nacional.
La lógica de fondo es clara: en el contexto de la pugna geopolítica entre Washington y Pekín por el control de las cadenas de suministro tecnológico, Estados Unidos necesita socios confiables en el hemisferio occidental para reducir su dependencia de China, Taiwán y el Sudeste Asiático. República Dominicana, con su infraestructura de zonas francas, su experiencia en manufactura de precisión en dispositivos médicos y su posición geográfica, se perfila como un candidato natural para integrarse en eslabones específicos de esa cadena: semiconductores discretos, componentes pasivos, ensamblaje y empaque de chips de nodos maduros. La Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS) busca posicionar al país como socio complementario de la reindustrialización estadounidense.
Una relación asimétrica que se reinventa
Lo que está tomando forma es un reposicionamiento significativo: Republic Dominicana pasa de ser percibida principalmente como un país receptor de cooperación y asistencia a presentarse como un socio operativo en la agenda de seguridad hemisférica y en la cadena de valor tecnológica norteamericana. Es un cambio de narrativa con consecuencias reales, aunque también con riesgos: la profundización de esa dependencia estratégica implica ceder márgenes de autonomía en decisiones sensibles, desde la política migratoria hasta las alianzas comerciales con terceros actores globales.
140 años después de que se establecieran formalmente las relaciones diplomáticas, la dinámica sigue siendo la misma en lo esencial: Estados Unidos define en gran medida el marco en el que República Dominicana toma sus decisiones estratégicas. Lo que ha cambiado es el lenguaje, ya no se habla de tutela sino de alianza. Y los instrumentos: ya no cañoneras ni marines, sino acuerdos de semiconductores y cooperación antinarcóticos. La asimetría persiste; la forma en que se administra, sin embargo, es hoy más sofisticada y más rentable para ambas partes.
Fuentes: Embajada Dominicana en EE.UU. (usa.mirex.gob.do) · Departamento de Estado de EE.UU. · Presidencia de la República Dominicana · VOA Español · France24 · Infobae · · Wikipedia (Relaciones Estados Unidos–República Dominicana)
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Last modified: junio 17, 2026

