Susi Pola: “El país le falla a la mujer en múltiples frentes”

“Hay un retroceso democrático histórico: la erosión institucional, el autoritarismo, la polarización y el uso indebido de la inteligencia artificial nos están pasando factura”.

Susi Pola no habla desde la tribuna. Habla desde cuatro décadas en las trincheras. Abogada, Magíster en Género y Desarrollo, investigadora de género y violencia, activista por los derechos humanos; su trayectoria no es un currículum, es una acumulación de batallas libradas cuando nadie quería darles ese nombre. Desde el Núcleo de Apoyo de la Mujer en Santiago, institución que fundó y sostiene desde 1987, ha documentado, acompañado y denunciado una de las problemáticas de mayor afectación en esta sociedad: la violencia de género.

Esta entrevista es incómoda. Lo es porque Susi no suaviza el diagnóstico ni reparte responsabilidades con equidad diplomática: nombra al Estado que gobierna como si la nación fuera su empresa, a una Justicia que aplica creencias en lugar de protocolos, a la Iglesia que mantiene el choque entre el derecho a la vida del feto en detrimento al derecho a la vida de la madre, a una familia que adoctrina para ser víctimas y victimarios, a unos medios que normalizan el horror con titulares extravagantes, y a una sociedad entera formada en los valores conservadores que perpetúan la desigualdad. Sus palabras no son opinión, son evidencia.

El feminismo lleva décadas de conquistas concretas y sin embargo el rechazo crece. ¿Qué está pasando?

Desde hace más o menos una década el movimiento feminista se consolidó como una fuerza de cambio a nivel global, con aportes importantes que buscan remover las estructuras del sistema patriarcal: la visibilización de la violencia basada en el género, los cambios legislativos al respecto, el reconocimiento del trabajo de cuidados, la participación política, el derecho a la autonomía del cuerpo de las mujeres. En nuestro país también: la prohibición del matrimonio infantil, la inclusión del femicidio en el Código Penal, el debate del aborto instalado en el centro de la discusión nacional como tema de salud pública.

En nuestro país, los profundos valores conservadores, la religiosidad moralista, el choque cultural frente al progreso en el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, principalmente de las mujeres, pero también de la inclusión de la diversidad humana, sataniza al feminismo.

No, no creemos que hay radicalidad en el movimiento feminista. Las mujeres en general vamos entendiendo que hay una deuda existencial con nuestra propia humanidad y, sobre todo, comprendemos la injusticia de la transacción social que se ha cometido, se comete y pretende seguir cometiendo contra todas, somos la mitad de este país, procreadoras y cuidadoras de toda la ciudadanía, sostenedoras de esta precaria economía y, además, únicas que pagamos con nuestra integridad y vida solo por ser mujeres.

¿Estamos ante un retroceso real o ante una resistencia propia de los cambios profundos?

En la última década, el mundo ha sufrido un retroceso democrático histórico. El nivel medio de democracia ha retrocedido a niveles registrados a finales de la década de 1970, ahora atribuido a la erosión institucional, el aumento del autoritarismo, la polarización y el uso indebido de las tecnologías y la inteligencia artificial.

Se habla del desmantelamiento de las instituciones democráticas y del estado de derechos como algo preparado, planificado en niveles internacionales, al punto que actualmente las “autocracias” superan a las democracias, que de más en más son intervenidas por esa visión que las debilita. La independencia de la Justicia se ve cada vez más limitada al servicio de la política ejercida, y cada vez hay más acoso de quienes defienden los derechos humanos.

Los discursos y narrativas desinforman y la libertad de expresión es reprimida “a la franca”, sobre reglas establecidas que quienes ejercen el poder no respetan, al punto de que hay víctimas en la comunicación, el periodismo, el activismo, y genocidios denunciados y documentados en tiempo real que siguen sucediendo.

Proliferan las noticias falsas y el uso de algoritmos que han polarizado a la sociedad con la consiguiente desorientación y dificultad para el consenso y el reconocimiento de las verdades fácticas. Culturalmente, el discurso es punitivo, de odio, intolerante al disenso. Y los gobiernos se justifican con “mantener la seguridad nacional” para sostener la xenofobia y el desprecio a quienes emigran.

Probablemente, las causas se deban a crisis económicas, pandemias, cambio climático y conflictos armados que subsisten por años, y a las nuevas TICs, que además de dar voz a millones de personas en la denuncia, también han sido explotadas por el autoritarismo para vigilar al mundo y manipular la opinión pública a gran escala.

La “manosfera” recluta adolescentes en YouTube y TikTok. ¿Hay algún contrapeso real o solo estamos respondiendo a destiempo?

El contrapeso existe. Desde los colectivos feministas se crean contenidos que desmienten las narrativas misóginas y denuncian esa masculinidad hegemónica violenta, ofreciendo alternativas. En República Dominicana hay programas de nuevas masculinidades tanto a nivel organizativo como oficial, el Ministerio de la Mujer tiene iniciativas muy interesantes en este momento, y especialistas como el Dr. Luis Vergés trabajando el tema con dedicación y rigor. Eso da una seguridad esperanzadora.

La Constitución protege la vida desde la concepción. Las tres causales llevan décadas bloqueadas. ¿Es un problema jurídico o es poder?

En la República Dominicana, la oposición a las tres causales del aborto se debe principalmente a convicciones religiosas, arraigados valores conservadores y la interpretación literal del artículo 37 de la Constitución, que protege la vida desde la concepción. Esto genera un choque directo entre el derecho a la vida del feto y los derechos a la salud de la madre.

Los sectores religiosos, cada vez más amplios y siempre con poder porque forman parte del “poder de facto”, interactúan con el poder administrativo que no entiende que el poder real de un país pertenece al pueblo. No: creen que es al revés, que esta nación es una empresa, que ellos, el gobierno que administra, son los dueños y nosotras, la ciudadanía, sus empleados. Por eso no representan nuestros intereses y, también por eso, distorsionan el concepto de Democracia.

Dentro de este esquema, siempre androcéntrico, las mujeres, los niños y las niñas, y grupos minoritarios y excluidos, no tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos ni capacidad de decisión propia, en una exclusión humana y humanista a la que las propias religiones e iglesias, que no dejan de ser empresas de poder, apoyan y sostienen desde principios manipulados, olvidando que la fe es algo muy diferente de lo que preconican.

A medida que avanza la igualdad, la violencia contra las mujeres parece recrudecer. ¿Los hombres están respondiendo con brutalidad a perder privilegios?

Cuando los avances hacia la igualdad se plasmaron en leyes y su aplicación, las estructuras tradicionales de poder se sintieron desestabilizadas y surgió como reacción patriarcal de resistencia (o backlash), ya que durante siglos las dinámicas de control y violencias masculinas fueron normalizadas como “tradición y costumbre”. Los marcos legales las expusieron como delitos.

Además, los roles que se atribuían al hombre como proveedor han perdido la utilidad práctica, junto con el dominio y el control que ya no les pertenece, dejando un vacío de identidad que empuja a la fuerza bruta. Es un intento de frenar el avance de los derechos de las mujeres antes de perder por completo el control social tradicional. No es una respuesta a la equidad.

¿De quién es la deuda más urgente: del Estado, la Justicia, el Congreso, la familia o la sociedad?

La República Dominicana mantiene una deuda histórica y urgente con las mujeres en múltiples frentes. Esta brecha se manifiesta en una crisis de violencia, desigualdad política, impunidad en el sistema de justicia y falta de protección a los derechos reproductivos y económicos. Una deuda de toda la sociedad.

La principal deuda del Estado es la falta de políticas públicas integrales que erradiquen la violencia de género, el acoso y la feminización de la pobreza. Aunque se han logrado avances legislativos, la exigencia de una ley de paridad real y efectiva sigue pendiente; las mujeres representan más del 50% del electorado, pero continúan enfrentando barreras estructurales.

La Justicia ha trabajado en protocolizar la atención a la violencia de género; sin embargo, como escribía en estos días: “El sistema no aplica los protocolos, aplica sus creencias míticas y estereotipadas. Ignora que es un problema grave de salud y de derechos humanos, y lo trata con soluciones burocráticas desde un razonamiento clientelar, no especializado.”

En el sistema judicial, se mantiene una deuda crítica e impostergable frente a los feminicidios. A pesar de los protocolos adoptados por el Poder Judicial, las mujeres aún se enfrentan a un sistema que a menudo las revictimiza y no garantiza su seguridad física ni su reparación integral.

La familia y el entorno inmediato es el sitio donde se aprende a ser víctima y victimario. Siempre se dan cuenta de los signos de violencia después de las tragedias, y no son, en el mayor porcentaje, una red de apoyo sólida para las mujeres afectadas.

Y la sociedad entera es una masa manipulada, desinformada y formada en los mismos valores que promueven la desigualdad y la inequidad.

Para solucionar la desigualdad en la República Dominicana se requiere un enfoque integral y multisectorial que combine reformas estructurales y políticas sociales, y cuyo objetivo principal sea equilibrar la distribución de oportunidades y recursos a largo plazo.

“Para solucionar la desigualdad en la República Dominicana se requiere un enfoque integral y multisectorial que combine reformas estructurales y políticas sociales, y cuyo objetivo principal sea equilibrar la distribución de oportunidades y recursos a largo plazo.”

— Susi Pola

¿Qué dicen los números realmente, más allá de las cifras oficiales?

En el primer cuatrimestre de 2026, el Ministerio Público registró 17,552 denuncias por violencia de género y 22 femicidios, cifra que el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial elevan aún más. Personalmente, no creo en las cifras oficiales y hace años dejé de mantener el archivo que sostuve durante décadas desde el Núcleo de Apoyo de la Mujer.

En el país no existe un registro de datos veraz, científico y nacional. Las estadísticas se originan todas en el mismo lugar y no hay condiciones para tipificar las cifras reales ni para registrarlas desde el momento en que los hechos suceden. Lo que sí sabemos empíricamente es que este 2026, en sus primeros cuatro meses, ha aventajado ampliamente en crímenes contra las mujeres a lo sucedido el año pasado.

¿Los niños también están pagando el precio de esta violencia estructural?

De acuerdo a UNICEF, los datos de la última década confirman un incremento sostenido y alarmante: hasta el 63% de los niños y adolescentes en el país ha experimentado disciplina violenta, física o psicológica, en el hogar o en la escuela. Los más vulnerables son los menores de 3 a 4 años, de quienes el 70% sufre castigos físicos o humillaciones.

El maltrato físico se incrementó de 31 a 45 por cada 100,000 niños menores de 5 años, y la violencia sexual contra adolescentes mujeres aumentó de 12 a 20 casos por cada 100,000 habitantes. Por supuesto que ha aumentado, aunque también hay un mayor levantamiento de datos. Siempre tomamos a UNICEF como referente porque son los registros mejor documentados.

El nuevo Código Penal tiene un párrafo que, en la práctica, legaliza el castigo físico a los hijos. ¿Cómo se explica eso?

El Párrafo III del artículo 123 establece que “no se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos ejercida por los padres o tutores sin un patrón de violencia o abuso físico”. En la práctica, es un permiso para seguir la práctica brutal de castigo en nuestra cultura, y choca directamente con el artículo 12 de la Ley 136-03, que garantiza de forma absoluta el derecho a la integridad física de niños y niñas, creando una contradicción en la propia normativa.

Quienes redactaron la norma sostienen que el espíritu no es legalizar el maltrato, sino evitar que los padres enfrenten demandas penales por disciplina cotidiana que no alcance el umbral del daño físico real. Eso muestra la ineptitud de los hacedores de leyes y el profundo arraigo de la cultura adultocéntrica y abusadora en el poder administrativo nacional.

Casi la mitad de los hogares dominicanos los encabeza una mujer. ¿El Estado responde a esa realidad con algo más que asistencialismo?

Casi la mitad de los hogares dominicanos son liderados por mujeres, y la maternidad soltera es la realidad de más del 85% de los nacimientos. El Estado desarrolla políticas públicas focalizadas en estas jefas de hogar: el Bono Mujer, un subsidio directo para madres solteras o víctimas de violencia que incluye apoyo para adquisición de vivienda; el programa Supérate, con transferencias monetarias condicionadas; el Apoyo Educativo del Ministerio de la Juventud, con becas para jóvenes madres solteras; y el Plan Social de la Presidencia, con raciones alimenticias para embarazadas vulnerables.

Sin embargo, estos planes carecen de un enfoque de transversalidad de género, transeccional y promotor de una mujer autónoma como madre, que tienda hacia la independencia total y que elimine las políticas asistencialistas estigmatizantes del Estado. Más allá de asistencialismos temporales, estos programas no rompen con la idea de que la crianza es una tarea que recae exclusivamente sobre los hombros de la madre, sin promover la corresponsabilidad social.

Son programas que no promueven el trabajo en la comunidad para romper el aislamiento, la sobrecarga que es la maternidad y la normalización de la culpa a las madres solteras, generalmente menores de edad.

Los medios cubren femicidios con morbo y los algoritmos amplifican a misóginos. ¿Tienen responsabilidad directa en la violencia?

Por supuesto que los medios de comunicación y ciertos géneros musicales ejercen una profunda influencia en la normalización de la violencia. Cuando banalizan y naturalizan conductas agresivas y estereotipos, estas plataformas moldean las actitudes sociales, disminuyendo la empatía y la capacidad de indignación ante la agresión. Y explotan el sensacionalismo del machismo, influyendo en conductas violentas y abusivas, en los discursos y en el lenguaje misógino cotidiano de la cultura popular.

El tratamiento amarillista de los casos de violencia de género, con detalles gráficos e imágenes morbosas, genera una sobreexposición que promueve la normalización y hasta la aceptación del maltrato, además de disminuir la indignación de las personas frente a estas tragedias. Titulares deplorables y culpabilizantes reafirman contenidos desde el androcentrismo que fortalecen mitos y estereotipos de género.

Las redes sociales otorgan poder a personas, influencers, que utilizan el conflicto, el lenguaje soez y la humillación pública para ganar notoriedad. La validación de estas actitudes crea un efecto de imitación que permea directamente las interacciones sociales en barrios y comunidades del país.

Definitivamente, las narrativas en la información cotidiana y en el entretenimiento contribuyen a perpetuar la desigualdad y naturalizar la agresión.

“Por supuesto que los medios de comunicación y ciertos géneros musicales ejercen una profunda influencia en la normalización de la violencia. Cuando banalizan y naturalizan conductas agresivas y estereotipos, estas plataformas moldean las actitudes sociales, disminuyendo la empatía y la capacidad de indignación ante la agresión.”

— Susi Pola

Hay quienes dicen que el feminismo perdió el hilo al incorporar la agenda LGBTI. ¿Lo abandonó a sí mismo?

El movimiento feminista es heterogéneo, pacifista y multidisciplinario, y nunca ha abandonado las necesidades concretas de las mujeres. Históricamente ha avanzado en olas: derechos civiles y sufragio en la primera; derechos reproductivos e igualdad laboral en la segunda; interseccionalidad en la tercera; y en la actual cuarta ola, un movimiento de masas interconectado con las nuevas TICs.

Las demandas LGBTI se incorporan al feminismo a través del feminismo interseccional: al reconocer que el patriarcado oprime no solo por ser mujer sino también por orientación sexual e identidad de género, ambas luchas se unifican contra las mismas violencias estructurales. El Movimiento Feminista en su diversidad mantiene siempre el enfoque sobre las necesidades concretas de todas las mujeres.

Y ya que estamos: la llamada “ideología de género” no es una categoría académica. Fue acuñada en los años noventa por sectores conservadores y la Iglesia Católica, tras las conferencias de la ONU en El Cairo y Pekín, para frenar los avances en derechos reproductivos y hacer parecer extremas las demandas feministas. En las ciencias sociales, la separación entre sexo y género no se originó como una ideología sino como una herramienta de investigación, utilizada desde los años sesenta para diseñar políticas públicas que erradiquen la desigualdad y la discriminación.

“Las redes sociales otorgan poder a personas, influencers, que utilizan el conflicto, el lenguaje soez y la humillación pública para ganar notoriedad. La validación de estas actitudes crea un efecto de imitación que permea directamente las interacciones sociales en barrios y comunidades del país.”

— Susi Pola

Kriteria · Junio 2026