Punta Cana: lujo sobre grietas que drenan su futuro

En el distrito municipal de Verón-Punta Cana se concentra el 95% de las habitaciones hoteleras de la provincia La Altagracia. Es también el territorio donde el acuífero que abastece a esa población recarga naturalmente 509 millones de metros cúbicos por año y enfrenta una demanda de 486 millones, con un margen de apenas 23 millones que la proyección poblacional al 2030 ya no puede sostener. El agua, en el destino turístico más visitado del Caribe, está a punto de convertirse en un problema sin solución pública.

El dato no aparece en ninguna campaña de promoción turística. Tampoco en las memorias anuales del Ministerio de Turismo. Está en el Plan Estratégico La Altagracia 2030, un documento técnico elaborado por la Alianza Altagracia Estratégica (ALTES), que durante tres años levantó un diagnóstico sistemático de lo que sucede fuera del perímetro hotelero de la provincia que recibe más turistas del país.

Julio César Corral, arquitecto y Director Ejecutivo de ALTES, lo explica con una distinción que parece simple pero tiene consecuencias institucionales profundas. “Todo destino turístico se estructura en tres componentes: productos turísticos, servicios turísticos y entorno turístico, y la articulación entre MITUR y el sector privado ha logrado fortalecer los dos primeros. El tercero nadie lo tiene”.

“La responsabilidad del entorno turístico se conjuga entre el gobierno central, los ayuntamientos, las entidades del sector privado, las juntas de vecinos, la ciudadanía en general.”

— Julio Corral, arq., Director Ejecutivo de ALTES

Esa fragmentación de competencias, que no es descuido sino arquitectura institucional, define el problema central que el plan busca atender. El entorno turístico comprende la infraestructura de servicios, las condiciones socioeconómicas de la población local, la sostenibilidad ambiental del territorio y la capacidad de adaptación al cambio climático. Ninguno de esos elementos es jurisdicción de MITUR. Todos determinan si un destino puede seguir existiendo.

El agua que no alcanza

El problema hídrico de Verón-Punta Cana es la ilustración más concreta de lo que sucede cuando el entorno turístico se deja sin gestión. La zona concentra el 50% de la población proyectada de La Altagracia al 2030 y la casi totalidad de su capacidad hotelera, pero opera con un déficit estructural que ni el Congreso ni el mercado han podido resolver del todo.

El Congreso Nacional aprobó recientemente un préstamo de 400 millones de dólares para construir el acueducto y el alcantarillado sanitario de la zona. Es una respuesta significativa, pero Corral advierte sus límites: el sistema se fundamentará en la captación de aguas subterráneas cuya recarga anual, en condiciones normales, es de 540 millones de metros cúbicos frente a una demanda de 460 millones. El margen existe, pero es estrecho, y no contempla los escenarios de sequía que el cambio climático hace más frecuentes.

Para quienes no viven dentro de los complejos hoteleros o los desarrollos inmobiliarios privados —donde la desalinización ya opera en lugares como Cap Cana y Punta Cana—, la solución es otra historia. Corral es directo: la desalinización no es una prioridad del Estado dominicano, y su costo la convierte en una opción exclusiva del sector privado. La brecha entre lo que el destino promete y lo que el territorio puede ofrecer al habitante ordinario se expresa, también, en el agua que beben.

La asimetría que el mapa no muestra

Hay un dato del plan que resume la lógica del enclave mejor que cualquier argumento teórico: en La Altagracia existe un agente de seguridad pública por cada 940 habitantes, y uno privado por cada 24 turistas dentro de los complejos. No son dos sistemas en tensión, son dos realidades paralelas que operan sobre el mismo territorio sin jamás tocarse.

Corral rechaza que el problema sea solo de recursos. Es, dice, un problema de modelo: la provincia genera los recursos económicos para financiar una seguridad pública adecuada, pero el modelo no los canaliza hacia allá. El sector privado, en cambio, destina directamente lo necesario para proteger a turistas, propietarios y visitantes. El resultado es que el territorio se protege a sí mismo en función de a quién sirve, no de quién lo habita.

Esa lógica se replica en otros planos. Al 2030 se proyectan 172,000 hogares pobres en La Altagracia —la provincia más visitada del país. La franja costera perdió un kilómetro cuadrado de playa entre 2011 y 2022 por erosión y construcción en zonas de dunas. Los arrecifes coralinos retrocedieron cuatro kilómetros cuadrados en el mismo período. El sargazo, que llegaba a las costas en 2,000 toneladas anuales en 2010, alcanzó las 4,000 en 2021 y proyecta 8,000 en 2030. Todos estos son indicadores del entorno turístico. Ninguno es competencia de MITUR.

La provincia que financia al país

La relación fiscal entre La Altagracia y el gobierno central es uno de los hallazgos más incómodos del plan. Los datos de la DGII y DIGEPRES para el período 2012-2023 muestran una recaudación provincial en crecimiento sostenido y una inversión gubernamental que no la acompaña. La ratio, según Corral, ha sido constante: de cada peso que La Altagracia aporta al fisco, el gobierno central invierte 15 centavos de vuelta en la provincia.

Lo que hace el dato particularmente significativo es su persistencia en el tiempo: esa relación se mantuvo durante tres administraciones nacionales de distintos partidos políticos entre 2012 y 2023. Corral extrae de eso una conclusión que niega la explicación partidaria: no es una limitación que genera un partido. Es una política de Estado.

“La distribución es injusta porque de cada peso que la DGII recauda en la provincia se invierten 0.15 pesos. Esta relación ha sido constante desde el 2012 hasta el 2023, con tres administraciones nacionales de diferentes partidos políticos. No es una limitación que la genera un partido, sino una política de Estado.”

— Julio César Corral

La brecha fiscal es, en este sentido, la expresión contable del enclave: el territorio produce riqueza que se transfiere al centro, y recibe de vuelta una fracción insuficiente para sostener los servicios que su propia dinámica de crecimiento demanda. Las comunidades lo saben. Fue, según Corral, una de las demandas más visibles durante los encuentros territoriales realizados para la formulación del plan.

La presión que nadie calculó

Hay una variable que los modelos de turismo sostenible suelen subestimar: la migración. La Altagracia no solo atrae turistas —atrae población. Y lo hace a una velocidad que ha transformado radicalmente la composición del territorio en dos décadas.

En el período 2002-2010, por cada persona que nacía en la provincia se incorporaban al territorio dos personas inmigrantes. En el censo de 2022, esa relación había llegado a cuatro. Si la tendencia se mantiene, al 2030 se proyecta que por cada nacimiento en La Altagracia migrarán a ella seis personas provenientes de otras regiones del país o del exterior.

El resultado es una reconfiguración demográfica sin precedentes: en veinte años —entre 2002 y 2022— el porcentaje de población inmigrante en la provincia pasó del 69% al 82%. Para 2030 se estima que alcanzará el 89%. La Altagracia no tiene una población que crece: tiene una población que llega.

Corral describe el impacto sobre el entorno turístico como mayor de lo que se supone habitualmente. Cada migrante que se asienta en el territorio genera demanda de vivienda, salud, educación, seguridad y cultura. Esa demanda presiona sobre una infraestructura de servicios —agua, alcantarillado, energía— que ya estaba rezagada respecto a la población residente. El turismo atrae al migrante; el migrante tensiona el entorno que hace posible el turismo. Es un círculo que nadie diseñó y que tampoco nadie gestiona.

El plan y sus interlocutores

El Plan Estratégico La Altagracia 2030 fue encargado por la Unión para el Desarrollo de la Provincia La Altagracia (UDEPAL) y financiado por entidades públicas y privadas de la propia provincia. La responsabilidad de su ejecución recae en ALTES, una entidad sin fines de lucro conformada por doce instituciones públicas y privadas con representación en Higüey-La Otra Banda, Bávaro, Verón-Punta Cana, San Rafael del Yuma y Nisibón.

El plan no carece de interlocutores. Corral menciona a la Asociación de Hoteles de Cabeza de Toro para el proyecto de revalorización del acceso y la laguna de Bávaro; al Fondo de Desarrollo Agrícola (FEDA) para huertos orgánicos; y a la organización Business and Development para proyectos de agricultura y ganadería sostenible. Hay también interlocutores de la cooperación internacional.

El plan propone cuatro estrategias con proyectos concretos, actores identificados y montos estimados para los próximos seis años: inclusión en servicios sociales (RD$9,628 millones), ordenamiento territorial sostenible (RD$43,383 millones), competitividad económica con complementariedades productivas (RD$586 millones) e instituciones fortalecidas para la gobernanza (RD$318 millones). La inversión total proyectada supera los RD$53,000 millones —una agenda articulada que existe, está documentada y tiene respaldo técnico, pero que hasta ahora no ha entrado al centro del debate político sobre el futuro del turismo dominicano.

La condición sin la cual nada funciona

Cuando se le pide a Corral nombrar la condición sin la cual el entorno turístico de La Altagracia no puede sostenerse en los próximos diez años, su respuesta no es hídrica ni fiscal ni ambiental. Es humana.

“El desarrollo del capital humano como parte del proceso de inclusión social en la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica. Si no se fortalece este capital con la construcción de capacidades y la generación de oportunidades, no hay posibilidades de un turismo sostenible.”

— Julio César Corral

La formulación apunta a algo que el debate sobre turismo dominicano raramente articula: que la viabilidad del destino no depende solo de cuántos hoteles se construyan o cuántos turistas arriben, sino de si la población que sostiene ese destino tiene acceso a educación, salud, seguridad y oportunidades económicas. El entorno turístico no es el escenario del turismo, es su condición de posibilidad.

La pregunta que el plan deja abierta no es si Punta Cana va a colapsar. Es quién tiene, finalmente, la competencia y el incentivo para evitarlo.